Misión vivienda de autogestión: construir sin derecho a propiedad

Foto Cortesía: El Estimulo
Fuente: El Estimulo 06-04-2016



Carmen Heredia no espera la llegada del alba para despertarse. A las cuatro de la madrugada ya se ha levantado a preparar el desayuno y el almuerzo de sus padres e hijo adolescente. A las ocho de la mañana parte a trabajar como doméstica hasta las cinco de la tarde, pero su faena laboral no termina allí, pues cambia los utensilios de limpieza por los de construcción. Muta de oficio para ser obrera por las noches y los fines de semana.

Desde hace cinco años, la mujer está optando por un apartamento en el Campamento de Pioneros Francisco de Miranda situado en la avenida homónima a la altura de La California Norte. La premisa del proyecto es la autogestión, es decir, quienes sean los inquilinos deben construir sus propias viviendas, aunque la Misión Vivienda termine contabilizándolas como propias. Nada es regalado, sino facilitado por el Gobierno con carácter de devolución. Los recursos invertidos deben ser restituidos con horas de trabajo y dinero –acumulativos y obligatorios para lograr adjudicación. Parece ser una solución ante el problema habitacional. Sin embargo, el retraso en la culminación de la obra ubica en un limbo a los futuros propietarios, quienes desconocen qué tan lejano es ese porvenir.

En la Gran Caracas hay 11 campamentos de pioneros que funcionan bajo la modalidad de autogestión y adscritos al Ministerio de Vivienda y Hábitat. El cinco de mayo de 2011, el expresidente Hugo Chávez expropió un terreno de 19.300 metros cuadrados cercano al Unicentro El Marqués, donde el alcalde de Sucre Carlos Ocariz pretendía crear un terminal de pasajeros que beneficiaría a 25 mil personas del municipio y provenientes de Guarenas. El plan de transporte se esfumó para dar paso al inmobiliario. Tres años antes, 250 familias sin hogar propio fueron seleccionadas en el barrio Campo Rico de Petare. Aguardaron y les fue asignado el lugar, expropiado por el Gobierno nacional, donde debían culminar la construcción de los siete —ahora reducido a seis— edificios residenciales. En el campamento de la avenida Francisco de Miranda se perpetúa la prórroga. Únicamente el edificio número 6 está habitado, el resto continúa a medio erguir. Solo fachada, nada en el interior. Los ascensores se han retardado y ni luces hay sobre el Simoncito, el CDI, el Mercal y los locales comerciales que están pautados en los planos.

Los beneficiaros claman la inclusión de personal calificado que los ayude a culminar y las voceras se niegan a elevar la petición a autoridades gubernamentales para no perder el estatuto de autogestión. También hay miedo a ser ignorados y nunca recompensados, por eso las voceras, -encargadas de las relaciones con el Gobierno-, a pesar de tal calificativo, evitan declarar a la prensa, o lo hacen bajo anonimato, el mismo al que opta Carmen cuando decide dar un nombre falso para hablar.

La historia del Campamento de Pioneros es añeja. En cadena nacional, Chávez aprobó 210 millones para los 11 campamentos, de los cuales 60 se destinaron al Francisco de Miranda. El dinero era suficiente para ejecutar toda la obra, pero sigue sin culminar media década después.

En años posteriores se han otorgado cantidades inciertas que no figuran en laMemoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Ahora, una carrera contra el reloj se ha impuesto después de que en diciembre de 2015 el despacho ministerial otorgara los últimos 9.000.000.000 bolívares para finalizar la obra en 2016. “Me siento decepcionada. Yo he tratado de tirar la toalla varias veces porque estoy cansada y, como soy sola, más agotada me siento. Cuando decido salirme y mis compañeros ven que tengo tiempo sin ir me llaman y me dicen que vaya, que no deje eso así porque he trabajado por ello”, expresa Carmen, de 35 años de edad.

El trabajo se hace con las uñas. La mayoría de los vecinos seleccionados son mujeres. Dan un toque heroico y desmitificador en las campañas estatales. “Las mujeres también pueden hacer trabajo forzado”, se escucha en un video promocional del campamento. Colar arena, mezclar cemento, hacer bloques, cargarlos, doblar vigas y cortar maleza son algunas de las actividades. Todo lo han aprendido sobre la marcha de manera autodidacta o con la antigua ayuda de un maestro de obra, padre de una vocera. Personas mayores han muerto antes de tener llave de una puerta principal, el único soporte a “tener casa”, porque ser adjudicado no es sinónimo de ser propietario. No hay titularidad que respalde a aquellos que erigen su propio techo y hasta pagan por él. Ni siquiera la adjudicación está asegurada.

Después de casi cinco años completos en el terreno y ocho concretando la propuesta, las 250 familias se redujeron a 190 por desánimo, cansancio, mejores oportunidades o muertes. De esas, solo 45 ya tienen un apartamento habitable. “Claro que quiero tener mi título de propiedad porque se supone que yo estoy trabajando por algo que va a ser mío. Yo no estoy pensando en vender porque me ha costado bastante, ahorita no.Quizás en un futuro si se me presenta la oportunidad lo vendería. No tengo problema con eso”, cuenta Carmen, aunque todavía no ha salido beneficiada. Mientras tanto, haciendo trabajo de hormiga, construye y construye para ver si la lotería se acerca a ella en la próxima asignación.

Vivienda digna, pero no gratis

El Estado provee el terreno y el ministerio presta el dinero para que se adquieran los materiales disponibles en la empresa estatal Construpatria. Pero desde noviembre 2015 a febrero de este año la comunidad no recibió implementos. En la Memoria y Cuenta del ministerio se hace referencia a los obstáculos de Construpatria basados en que la empresa “durante el año 2015, se vio afectada en la adquisición, procura, logística, fabricación, almacenamiento y distribución del material de construcción, motivado a la guerra económica dirigida contra el gobierno revolucionario, lo que ocasionó que el mercado nacional no contara con los materiales de construcción, en las cantidades suficientes, requerido por los entes ejecutores de proyectos de viviendas. Asimismo las empresas fabricantes a nivel nacional manifestaron no contar con la materia prima necesaria, lo que dificultaba e impedía la producción de los materiales terminados, al igual que alegaron no tener acceso a las divisas para importar estos insumos”, reza el documento.

“Lo regalado debe acabarse”, decía Jorge Giordani en 2012. Un año después, lo afirmaba como un hecho. Los “pioneros” del campamento Francisco de Miranda lo saben. Sudor y esfuerzo no es lo único con que los vecinos de Campo Rico deben pagar por su futuro hogar. Se recolecta dinero a través de un crédito colectivo —un abono de 200 bolívares mensuales por núcleo familiar que se acumula al financiamiento de su vivienda. El costo inicial de los apartamentos era de 300.000 bolívares, precio que caducó por la inflación, mas no se ha fijado un nuevo monto.

Además, cada familia inscrita debe aportar mensualmente otros 200 bolívares para la alimentación del personal trabajador, 50 bolívares por el servicio de electricidad, 20 más para gastos del campamento y otro monto de entre 500 y 1.000 bolívares para pagarle al tercero que esté cumpliendo sus horas. También se debe contribuir con un paquete de comida no perecedera, cocinar y cumplir guardias nocturnas.

El tiempo es valioso y para ser adjudicado también se debe contar con mucho aglomerado. Así como el monto del apartamento, el número de horas en obra también incrementa. El primer lote de adjudicados en 2014 debía consignar 850 horas de trabajo. Para la próxima asignación, se estiman 1.200 horas si se realiza en el transcurso del mes de abril. Si se posterga a julio, deben apilarse 144 horas más, las reglamentarias por cada trimestre.

Desde el inicio del proyecto algunas familias pedían que terceros pudieran reemplazarlas en cumplir sus horas alegando la avanzada edad de algunos involucrados, el agotamiento físico y la poca disponibilidad de tiempo de otros, pero tal cosa estaba prohibida por las voceras hasta el año pasado. “Aceptaron porque vieron que la plata se está acabando y el gobierno está apurado en entregar porque esto ya debería estar listo y no van a dar más recursos”, opina Mercedes Blanco de 59 años de edad. Ella pertenece a una de las 45 familias que hace dos años fueron adjudicadas al edificio 6.

Al poner un pie dentro de la estructura se cuestiona la relatividad de la palabra “listo”. El olor a cemento da un primer atisbo de que algo está inconcluso. La vista lo confirma. Pisos rústicos; paredes rotas con tomas de agua explícitas; barandas de escaleras sin pintar; tablas, palas, tobos y demás utensilios a medio camino entre los pasillos dan cuenta de que todavía falta mucho por hacer aún con el edificio ya habitado.

Afuera, los tractores no operan desde hace año y medio. Tres de cuatro quedaron como pisapapeles. Los materiales se han repartido con énfasis en los acabados de fachadas. La parte interior es un asunto postergable por los momentos. El acondicionamiento de los baños, los closets, la cocina y demás espacios son tarea posterior e individual para cada familia que debe conseguir los instrumentos por cuenta propia o esperar indefinidamente a que los brinde el Estado. “Yo me he gastado aquí 350 mil y mira en qué. No tengo nada. Hice un mesón, un baño, compré la batea. Aquí te entregan es el caparazón. Si no tienes plata, tienes que esperar a que ellos les dé la gana de darte los materiales o buscar la forma de mudarte rápido”, replica Mercedes.

El tipo de apartamento es adjudicado de acuerdo a la cantidad de integrantes registrados por familia. A una persona sola le corresponde un apartamento de dos habitaciones, lo mismo si tiene un solo hijo varón. Si hay dos hijos lo apropiado es uno de tres habitaciones. Camila Otero tiene 1.280 horas reunidas y aspira conseguir un apartamento de tres habitaciones para vivir cómodamente con su esposo y sus dos hijos. Su adjudicación no está definida, pero espera ser asignada a alguno de los cinco domicilios libres y “habitables” del edificio 5, el cual solo tiene dos pisos finalizados. Allí “adjudicaron gente en el aire porque repartieron sin tener los apartamentos hechos. En planta baja hay desocupados. Espero que me coloquen allí. ¿Si yo ya tengo mis horas por qué tengo que seguir esperando por edificios que no tienen ni estructura?”, reclama.

Promesa de techo viene con chantaje

La arbitrariedad por parte de las voceras en la toma de decisiones es denuncia común. Hacer cola para comprar comida es considerado bachaqueo y es recriminado por quienes mantienen el control en el lugar, a quienes las visitas familiares a los residentes les parecen molestas. Actitudes fáciles de omitir, pero lo más desagradable para las mujeres consultadas es que ya sus representantes cuenten con apartamento cuando en reuniones previas aseguraban que esperarían hasta el final. Camila protesta que “si ellas creen en este proyecto, tuvieron que haber sido las últimas en adjudicarse”.

Después de la muerte de Hugo Chávez, pocas veces una figura gubernamental se ha apersonado para evaluar el desempeño de la obra. Los desacuerdos se han acumulado entre los vecinos, que se quedan sin voz cuando algún funcionario restringe su participación en las contadas oportunidades que asiste. Anteriormente, Elías Jaua le hacía seguimiento a ese campamento. “Cuando venía nunca nos dejaron pasar a todos. Ellas invitaban a su gente jala bolas que le seguían la corriente. Los demás teníamos que estar afuera”, exclama Camila. “En realidad nosotros queremos que el gobierno venga y haga un chequeo general tanto de contabilidad como de maquinaria piso por piso para que se dé cuenta de la situación en que estamos”, agrega Mercedes. Exigen una contabilidad detallada donde se desglose en qué se gastan específicamente los recursos devengados por el ministerio.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno tome el crédito por la construcción opina que “al final es lo que van a hacer porque así hicieron con la presentación del apartamento modelo. Dijeron ‘nosotros con la ayuda de estas mujeres construimos estos apartamentos’, cuando no fue así. Ellos solo son unos facilitadores”.

Camila entiende que quien sea autoridad se debe al poder ciudadano y no teme que una alternancia en el poder pueda diluir su proyecto. “Yo no tengo miedo de eso. Yo sí quiero que el gobierno cambie. Yo creo que el cambio va a hacer que esto funcione mejor, porque ellos saben que esta misma gente que los va a elegir los puede sacar fácilmente. Pero ellas nos tienen con eso de que si cambia el gobierno, vamos a perder esto. Claro, nosotros sabemos que no es así, pero tenemos que seguirles la corriente”. Pero Inés Sánchez, con sus más de seis décadas de vida, cree que una alternabilidad sí acabaría el proyecto. “Ahí está Ramos Allup y lo que hizo con los cuadros de Chávez. Ellos son muy déspotas. Ya yo viví esa manera de gobernar y no la quiero”, comenta.

El derecho a la vivienda está manchado de matices políticos en el Campamento de Pioneros Francisco de Miranda. Y a pesar de las deserciones, hay quienes se mantienen en la lucha y expectativa diaria, bien sea por el apoyo de los compañeros como Carmen o por razones personales como Camila, quien sigue yendo al lugar motivada por “los ocho años y las horas que con tanto esfuerzo he logrado construir. Y lo más importante, para darle una vivienda a mis hijos, quizás no digna, pero un techo donde ya no siga pagando más alquiler”.

 

 



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